El pasado mes de julio, Europa tomó una decisión histórica al acordar la emisión de 750.000 millones de euros en deuda conjunta para financiar un fondo de recuperación, que pretende recuperar y reconstruir una economía seriamente dañada tras el impacto del covid-19 en los países de la Unión.
España va a recibir nada más y nada menos que el equivalente al 11% del PIB de 2019 en ayudas por parte de la Unión Europea, es decir 140.000 millones de euros. Pero lejos de generar alegría, lo que ha generado, aunque también algunas celebraciones, es un gran debate y muchas discusiones, amén de grandes desavenencias políticas. ¿Se van a convertir 140.000 millones en un problema? Si no decidimos bien dónde, cómo y cuándo vamos a invertirlos, sí, por que puede que nunca lleguen. Es por ello que están generando gran nerviosismo y mucha crispación. Todo el mundo quiere un trozo del pastel, y aunque el mismo es muy grande, somos muchos y podría no haber pastel para todos. Las Comunidades Autónomas han reclamado poder gestionar parte de los Fondos. Incluso alguna Comunidad, como la Valenciana, ya ha presentado un Plan detallado con inversiones concretas que podrían ser financiadas (espera sean financiadas) con parte de esos fondos comunitarios.
De los 140.000 millones de euros del fondo de la UE para ayudar a la recuperación de nuestra dañada economía durante el periodo 2021-2026, casi 73.000 millones son subvenciones a fondo perdido, y 67.000 en créditos, que se tendrán que devolver. Unas cifras muy elevadas, que España tendrá que gastar en tiempo récord, si tenemos en cuenta que no hemos consumido ni el 40% de los Fondos de Cohesión que se nos concedieron para el periodo 2014-2020. Ahora parece que el panorama ha cambiado y somos capaces de organizarnos para establecer un Plan maestro de inversiones y estrategia meditada que permita dar un impulso a nuestra economía, tan dañada desde la última crisis de 2008. Debemos ser capaces de aprovechar este nuevo Plan Marshall que se nos brinda para tratar de amortiguar (por que no va a ser más que eso, aunque las cifras suenen desorbitadas) el impacto del COVID-19 en nuestra economía y en nuestra sociedad.
El objetivo del fondo es ayudar a financiar la modernización de las economías de los países de la Unión, y salir reforzados de la crisis que ha originado la pandemia. Los objetivos principales que establece la Unión Europea para la inversión de los Fondos, a grandes rasgos, son la transformación digital, la transición ecológica y la inclusión social, aunque se establecen prioridades concretas para cada uno de los países receptores de los fondos. España es el segundo país de la Unión Europea, después de Italia, que más dinero recibirá del fondo de recuperación europeo, las dos economías europeas más devastadas por la pandemia.
Para poder acogerse al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia “NextGenerationUE”, nuestro país debe presentar un Plan de Recuperación en el que se desglosen las inversiones que llevará a cabo para construir un país más próspero y sostenible, que tengan un impacto directo y positivo en la economía y en la sociedad, y que cumpla los objetivos que se establecieron en el acuerdo que hubo en julio. El Consejo de la Unión Europea pidió a España que priorice la sanidad pública y que impulse la transición ecológica y digital, y que las ideas que se reflejen en el Plan de Recuperación sean sólidas y bien argumentadas. Pedro Sánchez ya presentó las líneas maestras del mismo la segunda semana de octubre, aunque la fecha en que los países deben enviar los Planes detallados al Ejecutivo comunitario es a partir del 1 de enero de 2021. Los planes deberán ser aceptados por la Comisión Europea en los dos meses posteriores a su recepción, y después serán enviados al Consejo, donde tendrán que recibir el visto bueno del resto de socios. Los desembolsos se harán de forma escalonada, en función del cumplimiento los objetivos reflejados en los Planes Nacionales de Recuperación.
Para la Unión Europea no ha sido una decisión fácil, pues ha habido mucha reticencia por parte de algunos de los países de la Unión, por considerar que no ‘razonable’ tal volumen de endeudamiento conjunto. Además, estos mismos países abogaban por que hubiera un porcentaje bajo de subvención, de forma que prácticamente todo lo que se concediera fuera en forma de préstamos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, opina que las ayudas son «una inversión común en el futuro de la Unión», que permitirán a los países de la Unión igualar un poco más el nivel de vida de sus ciudadanos.
A España ‘sólo’ le quedan unos últimos deberes. Es cierto que no es necesario que el país tenga aprobados los Presupuestos Generales del Estado, pero también lo es que en el caso de España seguimos con las cuentas de 2018, y no es algo que agrade demasiado a la Comisión, teniendo que en cuenta que por muy visionarios que pudieran ser nuestros políticos de aquel entonces, necesitamos unos presupuestos actualizados y adaptados a las necesidades de hoy. Nunca pensamos entonces cuánto podría cambiar el mundo en tan solo un par de años. Urge, por tanto, que España apruebe unos nuevos presupuestos para que cumplir con la exigencia no escrita de la Unión, quizás este año por fin logramos aprobarlos, aunque sea para que no peligren los 140.000 millones de euros que tanta falta nos hacen.
Artículo de Mónica Aguilar
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